- Nadal era precisamente, según el informe, el 'cabeza visible'
- En el 'grupo organizado' había un 'reparto claro de tareas'
Un informe del grupo de delincuencia económica de la policía destaca la "sensación de impunidad en sus actos y la total dejación de velar por el interés general" por parte de los cargos políticos de Ibatur, un instituto en el que UM urdió un "entramado delictivo" para desviar dinero público. Así consta en un extenso informe de la Policía Nacional incluido en el sumario del caso Ibatur a raíz de las últimas investigaciones hechas en la causa, que desembocaron el pasado junio en una operación anticorrupción con la detención de varias personas, entre ellas el exconseller de Turismo y expresidente de UM Miquel Nadal.
Nadal era precisamente, según el informe, el "cabeza visible" de este entramado que la policía compara con el "crimen organizado", ya que su móvil era "puramente económico" y beneficiaba "no solo al que ejerce el mayor cargo en la organización", sino a "cada escalón" de la misma. Este entramado se desarrolló "durante años" (en este caso se investigan hechos ocurridos en la pasada legislatura del PSOE, cuando UM controlaba Turismo) y "de manera organizada, coordinada y reiterada". El informe de delincuencia económica define la razón de ser del entramado con cuatro calificativos, "gravedad, asociación, estructura y personalización", y añade que montaba "estructuras empresariales utilizando para ello testaferros que dificultan la actividad investigadora".
Para mostrar esto último, cita el caso de la productora Vídeo U, adquirida mediante testaferros por Miquel Nadal y por la también expresidenta de UM Maria Antònia Munar, una empresa a la que se adjudicaron numerosos contratos públicos, entre ellos uno que se investiga en esta pieza por casi 70.000 euros. Esta práctica tenía el objetivo, añade el informe, de "enmascarar las actividades ilícitas y obtener de este modo beneficios económicos, poder o influencia de actos relacionados con la corrupción".
En el "grupo organizado" había un "reparto claro de tareas" y existía "una jerarquía y disciplina interna" que lideraba Miquel Nadal, el cual se aprovechaba de la ausencia de controles administrativos y financieros sobre su gestión y también del "temor" de los técnicos de Ibatur, a quienes los miembros de la organización "imponían la realización de acciones irregulares contra su voluntad". Entre las funciones de Nadal estaba el "establecer las líneas maestras", decidiendo las cantidades por las que se tenían que adjudicar los contratos irregulares, así como las empresas adjudicatarias. En el escalón inmediatamente inferior estaba el ex director general de Promoción Turística Joan Sastre, también de UM, quien transmitía las órdenes de Nadal a la gerente o los técnicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente de la Conselleria de Nadal.
El informe concluye que "la gravedad de los delitos detectados (posiblemente el más grave que puede cometer un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) socava gravemente el sistema democrático" y añade que en este caso el móvil corrupto queda plasmado, por ejemplo, en la relación de Nadal con Vídeo U, productora que recibió un contrato "innecesario" por casi 70.000 euros de Ibatur.
El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) fraccionó el pago de 96.090 euros para organizar un evento deportivo en Ibiza en diez expedientes diferentes, un mecanismo que se usó reiteradamente en este organismo público durante la legislatura pasada del PP para desviar fondos eludiendo los controles legales. Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del sumario del "caso Ibatur" de supuesta corrupción, cuyo secreto fue levantado ayer por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola.
En el documento se detallan los mecanismos que se usaban en el Ibatur para desviar dinero público a manos privadas, tras analizar los expedientes de contratación con cinco entidades, tres de ellas vinculadas a otro caso de corrupción, el del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). El fiscal Pedro Horrach concluye que en algunos casos el Ibatur usaba procedimientos ilegales de contratación para no tener que sacarlos a concurso, consistentes en dividir la adjudicación en expedientes de hasta 12.000 euros, y que, en otros, imponía "precios exagerados por servicios mínimos".
Como ejemplo del primer mecanismo alude al citado contrato de Ibiza y, en relación al segundo, el fiscal detalla que se pagaron 5.568 euros a una entidad para traducir al chino tres palabras: Govern balear, Illes Balears e Ibatur, tal y como adelantó EL MUNDO. Además, "en un elevado número de ocasiones", indica el fiscal, el Ibatur abonó facturas por servicios inexistentes. En el caso de los expedientes de contratación entre Ibatur y CDEIB, el fiscal apunta que "absolutamente todos" son "simulados" para dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas con anterioridad.
"En todos los casos, primero se contrata el servicio de forma verbal y, posteriormente, se viste jurídicamente, es decir, se conforma el expediente una vez que se ha contratado el servicio. Incluso, en numerosas ocasiones ya se ha ejecutado y abonado el servicio cuando se procede a fabricar el expediente", apunta el fiscal. Las empresas que contrataba Ibatur que analiza la Fiscalía relacionadas con el CDEIB son Gourmet and Boutique Island S.L., Comarca Global Consulting S.L., IAS Hong Kong Opportunities Limited, Amengual & Pino Consultores S.L. y Exclusivas Press S.L.
El titular "formal" de las tres primeras es el ex concejal del PP Felipe Ferré, imputado en el "caso Scala" (CDEIB) y que confesó distintas ilegalidades que se cometieron en este consorcio durante la legislatura pasada. Según el fiscal, los titulares "reales" de estas empresas, que las usaban supuestamente para desviar dinero, son en cambio el conseller de Comercio e Industria del PP entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona; el director general de Promoción Turística en ese periodo, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas, todos ellos imputados en el "caso Scala".
Amengual & Pino fue propiedad del ex director del Ibatur Juan Carlos Alía, el único de los 16 detenidos de momento en este caso que está en prisión, después de que el juez dictara cárcel para él por haber cobrado supuestamente comisiones cuanto era gerente del ente público. La instrucción del "caso Ibatur" comenzó en febrero de 2009 a raíz de la detención del entonces secretario del instituto, Miquel Ángel Bonet, quien reconoció haber falsificado facturas para desviar dinero público a particulares.
Ibatur llegó a dividir en diez un contrato para evitar los controles
- Usaba procedimientos ilegales para no sacarlos a concurso
- Este mecanismo se usó reiteradamente en este organismo público
- Pagó 5.500 euros a una empresa china por traducir 3 nombres
En el documento se detallan los mecanismos que se usaban en el Ibatur para desviar dinero público a manos privadas, tras analizar los expedientes de contratación con cinco entidades, tres de ellas vinculadas a otro caso de corrupción, el del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). El fiscal Pedro Horrach concluye que en algunos casos el Ibatur usaba procedimientos ilegales de contratación para no tener que sacarlos a concurso, consistentes en dividir la adjudicación en expedientes de hasta 12.000 euros, y que, en otros, imponía "precios exagerados por servicios mínimos".
Como ejemplo del primer mecanismo alude al citado contrato de Ibiza y, en relación al segundo, el fiscal detalla que se pagaron 5.568 euros a una entidad para traducir al chino tres palabras: Govern balear, Illes Balears e Ibatur, tal y como adelantó EL MUNDO. Además, "en un elevado número de ocasiones", indica el fiscal, el Ibatur abonó facturas por servicios inexistentes. En el caso de los expedientes de contratación entre Ibatur y CDEIB, el fiscal apunta que "absolutamente todos" son "simulados" para dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas con anterioridad.
"En todos los casos, primero se contrata el servicio de forma verbal y, posteriormente, se viste jurídicamente, es decir, se conforma el expediente una vez que se ha contratado el servicio. Incluso, en numerosas ocasiones ya se ha ejecutado y abonado el servicio cuando se procede a fabricar el expediente", apunta el fiscal. Las empresas que contrataba Ibatur que analiza la Fiscalía relacionadas con el CDEIB son Gourmet and Boutique Island S.L., Comarca Global Consulting S.L., IAS Hong Kong Opportunities Limited, Amengual & Pino Consultores S.L. y Exclusivas Press S.L.
El titular "formal" de las tres primeras es el ex concejal del PP Felipe Ferré, imputado en el "caso Scala" (CDEIB) y que confesó distintas ilegalidades que se cometieron en este consorcio durante la legislatura pasada. Según el fiscal, los titulares "reales" de estas empresas, que las usaban supuestamente para desviar dinero, son en cambio el conseller de Comercio e Industria del PP entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona; el director general de Promoción Turística en ese periodo, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas, todos ellos imputados en el "caso Scala".
Amengual & Pino fue propiedad del ex director del Ibatur Juan Carlos Alía, el único de los 16 detenidos de momento en este caso que está en prisión, después de que el juez dictara cárcel para él por haber cobrado supuestamente comisiones cuanto era gerente del ente público. La instrucción del "caso Ibatur" comenzó en febrero de 2009 a raíz de la detención del entonces secretario del instituto, Miquel Ángel Bonet, quien reconoció haber falsificado facturas para desviar dinero público a particulares.
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